Los 200 exempleados de Super Protector siguen sin una solución tras la reunión en la Vicepresidencia
Los más de 200 exempleados de la empresa Super Protector continúan sin obtener una respuesta definitiva a su conflicto laboral, pese a la reunión celebrada este miércoles en la Vicepresidencia de la República. El encuentro no ha arrojado una solución inmediata, sino que ha concluido con el recordatorio de que los conflictos laborales deben resolverse conforme a los procedimientos legales establecidos.
La reunión fue encabezada por el vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, y contó con la participación de representantes de la empresa Super Protector, delegados de los exempleados afectados y responsables del Ministerio de Trabajo. El objetivo principal era analizar la situación laboral que enfrenta este colectivo y explorar posibles vías de solución dentro del marco jurídico vigente.
Durante el encuentro, los antiguos trabajadores expusieron que el conflicto se remonta al año 2023, cuando, según su versión, prestaron servicios durante más de doce meses sin la formalización de contratos laborales. Posteriormente, aseguran haber sido despedidos sin causa justificada, lo que les llevó a presentar reclamaciones ante la Delegación de Trabajo. Sin embargo, denuncian que el proceso administrativo no se completó conforme a la normativa laboral, quedando el caso sin una resolución clara.
Tras escuchar a todas las partes, el vicepresidente recordó que la legislación laboral de Guinea Ecuatorial protege los derechos de los trabajadores, pero subrayó que cualquier reclamación debe agotar previamente las instancias administrativas competentes antes de ser elevada a órganos superiores del Estado. En este sentido, insistió en la importancia de respetar los cauces legales para garantizar decisiones justas y ajustadas a derecho.
Como resultado del encuentro, Nguema Obiang Mangue instruyó al ministro de Trabajo, Alfredo Mitogo Mitogo, a reanalizar el caso en profundidad y a elaborar un informe detallado. Dicho documento deberá esclarecer los hechos, evaluar el presunto despido improcedente, la utilización prolongada de trabajadores sin contrato y el grado de cumplimiento de la legislación laboral por parte de la empresa.
Aunque no se alcanzó una solución inmediata, los exempleados manifestaron conservar cierta esperanza. Confían en que el análisis ordenado por la Vicepresidencia permita avanzar hacia una salida equilibrada, orientada a salvaguardar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, a garantizar que las empresas que operan en el país cumplan estrictamente con la ley.