La Fiscalía y ALOGO LAW FIRM sensibilizan al Ministerio de Sanidad sobre el decreto de protección de menores

La Fiscalía General del Estado, en colaboración con el gabinete de abogados ALOGO LAW FIRM, ha impartido este martes una charla de sensibilización al personal del Ministerio de Sanidad, en el marco de la campaña informativa sobre el Decreto 147/2023, de fecha 21 de noviembre, que establece las medidas de protección de los menores en Guinea Ecuatorial.

Esta iniciativa forma parte de una gira institucional que la Fiscalía está desarrollando en distintos ministerios, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la aplicación de la normativa que garantiza la protección integral de la infancia y el fortalecimiento del núcleo familiar. Durante la jornada, los ponentes destacaron la importancia de que los funcionarios públicos se conviertan en agentes multiplicadores del mensaje, trasladándolo a sus entornos laborales, familiares y comunitarios.

El director de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad, Luis Nguema Oyana, presidió el acto e introdujo la intervención del secretario general y miembro de ALOGO LAW FIRM, quien explicó los motivos de esta campaña: “Hemos decidido realizar una gira de sensibilización en todos los ministerios porque en 2023 el Gobierno promulgó el Decreto 147/2023, que establece las medidas de protección del menor. Desde su aprobación, ni la Fiscalía ni otras instituciones habían organizado actividades informativas que permitieran a la población conocer su contenido. Hemos comenzado por los ministerios porque los funcionarios pueden llevar este mensaje a sus familias y al conjunto de la sociedad, de manera que cuando lleguemos a las comunidades el mensaje ya haya sido transmitido previamente”, afirmó.

La prevención de la violencia infantil, el fortalecimiento de los vínculos familiares y el papel de las instituciones en la protección del menor fueron los ejes centrales de la sesión. La fiscal de Primera Instancia e Instrucción de Luba, Rut Ehapo Batapa, detalló las responsabilidades que cada departamento asume dentro del marco del decreto. Recordó que Asuntos Sociales coordina la política nacional de protección; Interior supervisa el desplazamiento de menores y los espacios públicos; Educación controla la entrada y salida del alumnado y garantiza entornos escolares seguros; Justicia vela por la aplicabilidad de la ley y gestiona casos de negligencia; Información difunde la normativa; y Seguridad Nacional asegura la coordinación de los cuerpos de vigilancia en lugares públicos y transportes.

Asimismo, subrayó que el Ministerio de Sanidad debe desarrollar políticas específicas para la salud infantil y reportar los casos de abuso o maltrato detectados en su sector.

Con este proyecto, la Fiscalía reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la justicia en asuntos familiares delicados, incluyendo custodias, herencias y situaciones de vulnerabilidad que afectan directamente a los menores del país.