ENPIGE bajo lupa parlamentaria: la Cámara exige explicaciones por años de cuotas sin servicio de mantenimiento en las viviendas sociales 

El debate sobre el deterioro de las urbanizaciones sociales volvió a la primera línea este lunes, cuando el director general de ENPIGE, Pedro Ondo Nguema, compareció ante el Pleno de la Cámara de los Diputados. Según recoge el periódico digital IMPERIO, los legisladores buscaban aclaraciones precisas sobre el uso de los 10.000 francos CFA que miles de familias pagan cada mes para el mantenimiento de estas zonas, cuyas áreas comunes presentan un estado cada vez más preocupante.

Durante su intervención, Ondo Nguema se desligó de cualquier responsabilidad en la gestión de dichos fondos. Aseguró que ENPIGE no administra ni recibe un solo franco de esas cuotas, ya que el dinero destinado en principio a la conservación de zonas verdes y servicios comunes se ingresa íntegramente en la Tesorería General del Estado. Explicó, además, que el funcionamiento operativo de la entidad depende únicamente de la subvención anual del Gobierno, lo que limita su capacidad de actuación en el mantenimiento de las urbanizaciones.

El director general recordó que el Decreto 12/2019 estableció estas cuotas obligatorias para garantizar la preservación de las viviendas sociales. Sin embargo, admitió que los trabajos iniciados por varias empresas se encuentran paralizados por impagos, por lo que recomendó a los diputados solicitar explicaciones al ministerio responsable de los contratos, dejando entrever que la solución no está en manos de ENPIGE.

Las declaraciones no convencieron a buena parte del hemiciclo. Varios diputados denunciaron que los residentes llevan años pagando un servicio inexistente, lo que ha alimentado un malestar social creciente. En ese contexto, surgieron propuestas alternativas: desde permitir que los propios vecinos gestionen directamente los fondos, hasta que la cuota mensual pase a descontarse como amortización del coste de la vivienda mientras no exista un mantenimiento real.

Ante la magnitud de las quejas y la falta de respuestas concluyentes, la Cámara resolvió convocar al miembro del Gobierno competente para esclarecer el destino de los recursos y determinar responsabilidades, en un asunto que afecta directamente a miles de familias que habitan en viviendas sociales en todo el país.