Guinea Ecuatorial denuncia a Francia ante la Corte Internacional de Justicia por violación de su soberanía diplomática

Malabo ha presentado una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Francia, a la que acusa de haber violado su soberanía al irrumpir ilegalmente en la sede de su misión diplomática en París, situada en la avenida Foch 42.

La demanda, presentada el pasado 15 de julio, solicita medidas cautelares urgentes que impidan a Francia ejecutar la venta del inmueble diplomático, en tanto no se resuelva el litigio principal. Según la delegación ecuatoguineana, la acción de las autoridades francesas constituye una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que protege los locales de las misiones extranjeras.

La comitiva jurídica, encabezada por el presidente de la Comisión Jurídica de Abogados del Estado y compuesta por los letrados Francisco Moro, Gladys y el coagente Francisco Evuy Nguema Mikue, regresó este miércoles a Malabo tras participar en las audiencias celebradas los días 14 y 15 de julio en la sede de la CIJ, en La Haya.

Evuy Nguema explicó ante la prensa que el inmueble fue adquirido legalmente por Guinea Ecuatorial en 2011 por más de un millón de euros, con todos los impuestos pagados y debidamente inscrito en los registros patrimoniales de ambos países. Denunció además que Francia, en lugar de restituir el edificio conforme a la Convención de Mérida contra la Corrupción como habían sugerido tribunales en 2017, pretende venderlo a través de su agencia de recuperación de activos.

El conflicto se remonta a 2007, cuando organizaciones civiles francesas interpusieron una querella contra altos funcionarios ecuatoguineanos. Aunque instancias judiciales reconocieron que confiscar el edificio sería improcedente, el Tribunal de Casación francés falló en 2021 a favor del Estado francés.

Guinea Ecuatorial alega que esta decisión constituye un acto de neocolonialismo y un desprecio al derecho internacional. Según Evuy Nguema, se trata de un caso con trasfondo político más que jurídico, y ha recordado que países como Reino Unido, Argentina, Italia o Egipto apoyan la restitución de bienes a los Estados víctimas.

El Gobierno de Malabo espera ahora una resolución de la CIJ que impida cualquier acción irreversible sobre el inmueble y garantice la inviolabilidad de su misión diplomática.