Cyril Ramaphosa vuelve al centro de la tormenta política por el escándalo “Farmgate”

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, enfrenta nuevamente una fuerte presión política tras el fallo emitido este viernes por el Tribunal Constitucional, que anula la votación parlamentaria de diciembre de 2022 y reabre el debate sobre un posible juicio político relacionado con el escándalo conocido como “Farmgate”. El problema se remonta en 2020, cuando se denunció el robo de 500.000 dólares en efectivo en la finca presidencial de Phala Phala, propiedad privada del jefe de Estado.

La decisión judicial supone un duro revés para el mandatario sudafricano y coloca otra vez en el centro de la agenda nacional uno de los casos más polémicos de los últimos años. El máximo tribunal del país concluyó que el procedimiento utilizado por la Asamblea Nacional para bloquear el proceso de destitución no se ajustó a la Constitución, invalidando así la protección política que había recibido Ramaphosa gracias a la mayoría parlamentaria del Congreso Nacional Africano (ANC).

El origen del caso se remonta a 2020, cuando se denunció el robo de aproximadamente 500.000 dólares en efectivo en la finca presidencial de Phala Phala, propiedad privada del jefe de Estado situada en el noreste del país. Según las revelaciones iniciales, el dinero estaba oculto en muebles del rancho ganadero y de reserva de caza perteneciente al presidente.

Ramaphosa aseguró entonces que el dinero provenía de una transacción legal vinculada a la venta de búfalos a un empresario sudanés. Sin embargo, sus adversarios políticos cuestionaron desde el principio esa versión y denunciaron posibles irregularidades financieras, además de una supuesta ocultación del robo a las autoridades policiales.

Las acusaciones contra el mandatario no se limitan únicamente a la desaparición del dinero. Diversos sectores de la oposición consideran que pudo existir abuso de poder, conflicto de intereses e incluso violaciones a las normas sobre transparencia financiera y manejo de divisas extranjeras.

En 2022, una comisión parlamentaria independiente concluyó que existían elementos suficientes para considerar que Ramaphosa podría haber cometido una falta grave. Pese a ello, la Asamblea Nacional votó en contra de abrir un proceso formal de destitución, gracias al respaldo mayoritario del ANC, partido histórico que gobierna Sudáfrica desde el fin del apartheid.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha determinado que aquella votación fue incompatible con los principios constitucionales. La presidenta del tribunal, Mandisa Maya, afirmó que el procedimiento parlamentario vulneró obligaciones fundamentales del poder legislativo y debía ser anulado.

La acción judicial que condujo a este fallo fue impulsada por el partido opositor Economic Freedom Fighters (EFF), formación de izquierda radical que ha mantenido una campaña constante contra Ramaphosa desde el estallido del escándalo.

El contexto político añade aún más tensión a la situación. Aunque la Fiscalía retiró previamente varias acusaciones penales vinculadas al caso, la resolución constitucional demuestra que las consecuencias políticas siguen abiertas. Además, Ramaphosa lidera actualmente un gobierno de coalición más frágil tras las elecciones generales de 2024, en las que el ANC perdió apoyo histórico.

La Asamblea Nacional deberá volver a pronunciarse sobre el caso en las próximas semanas. A diferencia de 2022, el equilibrio político dentro del Parlamento ha cambiado considerablemente, lo que incrementa la incertidumbre sobre el desenlace.

Mientras tanto, el escándalo “Farmgate” continúa erosionando la imagen de un presidente que llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y restaurar la credibilidad institucional de Sudáfrica.