El Gobierno elimina las exoneraciones y refuerza el control fiscal para aumentar la recaudación

El vice-primer ministro primero del Gobierno encargado de Comercio, Promoción de Empresas e Industrias, Gaudencio Mohaba Mesú, compareció ante la Cámara de Diputados para detallar un conjunto de medidas orientadas a fortalecer los ingresos públicos y mejorar la disciplina fiscal en el país.

Durante su intervención, Mohaba Mesú explicó que su departamento ha impulsado la regulación del sector informal mediante el registro de pequeños comercios como abacerías, bloqueras, talleres, peluquerías y botiquines con el objetivo de integrarlos en el sistema tributario y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En este marco, el Ejecutivo ha puesto en marcha la denominada Patente Única Anual, que contempla una reducción del 40 % en las liquidaciones para los operadores del sector informal. Según el ministro, esta medida no solo ha facilitado la formalización de pequeños negocios, sino que también ha generado un impacto positivo en la recaudación. En 2025, la aplicación de este instrumento permitió ingresar cerca de 2.000 millones de francos CFA en las ciudades de Malabo y Bata. Su extensión al resto de cabeceras provinciales comenzó en 2026.

Otro de los ejes clave anunciados es la supresión de las exoneraciones fiscales sin fecha de caducidad, utilizadas por algunas empresas en operaciones de importación. El Gobierno ha decidido anular estas prerrogativas y establecer un procedimiento más estricto para la concesión de nuevas exenciones, con el fin de evitar pérdidas significativas en los ingresos del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo ha puesto fin a una práctica extendida entre altos cargos públicos, quienes no abonaban tasas aduaneras al importar mercancías, vehículos o contenedores. La medida busca frenar la evasión fiscal y reforzar la equidad tributaria.

Estas acciones se complementan con la creación de la Agencia de Normalización (AGENOR), la expansión de la Ventanilla Única Empresarial en varias provincias y la implementación de iniciativas destinadas a dinamizar el aprovechamiento de infraestructuras públicas, consolidando así la estrategia gubernamental de sostenibilidad financiera.