La reforma del Código Civil suprime la obligación de las viudas de casarse con familiares del difunto

El Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos ha anunciado una reforma del Código Civil que eliminará la obligación que afectaba a algunas viudas de contraer matrimonio con familiares del esposo fallecido, una práctica que, a partir de ahora, pasará a ser estrictamente voluntaria. La medida se enmarca en el proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional, impulsado por el Ejecutivo para adaptarlo a las transformaciones sociales del país.

El anuncio fue realizado durante el quinto Consejo Directivo celebrado este martes 28 de abril en Malabo, bajo la presidencia del ministro Reginaldo Biyogo Mba Ndong. En su intervención, el titular de Justicia subrayó que la legislación vigente, con más de un siglo de antigüedad, ha quedado obsoleta frente a las dinámicas actuales, lo que hace necesaria una revisión profunda orientada a reforzar los derechos individuales.

El borrador de la reforma introduce cambios relevantes en distintos ámbitos del derecho privado, especialmente en lo relativo a la familia, el matrimonio y las herencias. Entre las modificaciones más destacadas figura la supresión de prácticas que limitaban la autonomía de las viudas, así como la revisión de disposiciones relacionadas con la administración de bienes dentro del matrimonio.

Fuentes del Ministerio señalan que esta iniciativa forma parte de una agenda más amplia destinada a modernizar el marco legal del país, garantizando su coherencia con los principios de igualdad y libertad. Durante la sesión, también se abordaron otros asuntos vinculados a la actualización normativa, en un contexto de creciente demanda social de reformas.

La práctica conocida como levirato que consiste en el matrimonio de la viuda con un hermano o familiar del difunto ha tenido presencia histórica en determinados grupos étnicos, como el fang. En este sistema, el pago de la dote implicaba que, tras el fallecimiento del esposo, un familiar asumiera la responsabilidad sobre la mujer y sus hijos, incluyendo la continuidad del linaje.

Sin embargo, en los últimos años esta tradición ha sido objeto de cuestionamiento creciente, especialmente entre mujeres con mayor acceso a la educación y a influencias culturales externas. Diversas organizaciones y sectores sociales han denunciado que dicha práctica vulnera derechos fundamentales y limita la libertad de decisión de las mujeres.

La presión social acumulada ha sido un factor determinante para la puesta en marcha de esta reforma. Con su aprobación, el Gobierno busca consolidar un sistema jurídico más inclusivo, alineado con los estándares contemporáneos en materia de derechos humanos y equidad de género.