Un presunto desvío de más de 7.000 millones de FCFA sacude la gestión del INSESO

Un informe de auditoría externa elaborada por la firma Deloitte,  ha destapado presuntas irregularidades de gran magnitud en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), situando en el centro del escrutinio a su actual directiva por un posible desvío de fondos que supera los 7.000 millones de francos CFA.

Los datos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, fueron presentados este jueves durante una reunión celebrada en el Palacio del Pueblo, en Malabo, presidida por el vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, con la participación de miembros del Gobierno y responsables del organismo.

La auditoría, elaborada por la firma Deloitte, describe un funcionamiento interno marcado por graves deficiencias estructurales, entre ellas la ausencia de controles eficaces, registros contables poco fiables y una gestión presupuestaria desordenada que habría facilitado prácticas irregulares.

Entre los hallazgos más relevantes figura la adjudicación de obras a la empresa Yeda Construcciones por más de 1.280 millones de FCFA sin contratos formalizados. Asimismo, se identificaron pagos mensuales de cinco millones de FCFA a JPN Abogados y Consultores por servicios que ya presta el propio personal del INSESO, además de otros 160 millones de FCFA adicionales sin justificación documentada.

En el ámbito de adquisiciones, el informe revela desviaciones significativas. La compra de 28 vehículos, inicialmente presupuestada en 280 millones de FCFA, alcanzó un coste final de 1.381 millones, sin registros que acrediten su incorporación al patrimonio institucional. También se reporta la adquisición de una unidad móvil sanitaria por 328 millones de FCFA cuyo paradero se desconoce, así como compras de medicamentos por más de 3.152 millones sin respaldo documental.

El documento señala además la existencia de hasta 30 cuentas bancarias a nombre del INSESO, lo que evidencia una débil supervisión financiera. A ello se suman irregularidades administrativas, como la presencia de empleados sin contrato formal o sin la cualificación requerida.

Pese a inversiones millonarias en sistemas tecnológicos, muchos departamentos continúan operando de forma manual, lo que limita la transparencia y eleva el riesgo de errores.

Tras la presentación del informe, el vicepresidente ordenó a la Gendarmería Nacional abrir una investigación y otorgó un plazo de tres meses a la nueva directiva para aplicar un plan correctivo. Mientras avanzan las pesquisas, el Gobierno asegura que se exigirán responsabilidades y se adoptarán medidas para restablecer la credibilidad del sistema.