Una auditoría revela presuntas irregularidades millonarias en la gestión del INSESO

Un informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2025 ha destapado presuntas irregularidades de gran magnitud en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO), evidenciando posibles prácticas de corrupción y deficiencias en la gestión de recursos públicos. La información fue difundida por Nguema Obiang Mangue a través de la red social X, generando preocupación sobre el uso de los fondos destinados a la cobertura sanitaria.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la adjudicación de obras sin contrato a la empresa Yeda Construcciones por un importe superior a 1.280 millones de francos CFA. Además, el informe señala que las empresas responsables de la construcción del edificio del INSESO se encuentran en paradero desconocido, lo que agrava las sospechas sobre la ejecución de los proyectos.

En materia de servicios jurídicos, se registran pagos mensuales de cinco millones de francos CFA a JPN Abogados y Consultores, pese a que la institución dispone de un departamento legal interno. A ello se suman otros 160 millones de francos CFA desembolsados sin justificación documentada, según detalla el informe.

El documento también recoge el pago de 328 millones de francos CFA por una unidad móvil que aún no ha llegado al país. Asimismo, se detectó la adquisición de 28 vehículos por un total de 1.381 millones de francos CFA, cifra muy superior al presupuesto aprobado de 280 millones, sin documentos que acrediten su titularidad a favor del INSESO.

En el plano administrativo y financiero, la auditoría identifica graves deficiencias de control, como la existencia de al menos 30 cuentas bancarias vinculadas a la institución, lo que dificulta el seguimiento de los fondos. También se reportan compras y distribución de medicamentos por un valor de 3.152 millones de francos CFA sin justificantes, así como contrataciones de personal sin respaldo legal o sin la cualificación requerida. A ello se suma la ausencia de registros contables fiables.

“Esta situación es inaceptable. Los ciudadanos cotizan para recibir servicios efectivos, no para sostener una gestión ineficiente. Vamos a restablecer el orden y garantizar la transparencia”, afirmó el vicepresidente en su publicación.

Ante este escenario, el Gobierno ha concedido un plazo de tres meses a la nueva directiva del INSESO para presentar un plan de corrección basado en las recomendaciones de la auditoría. En caso de incumplimiento, se prevé la adopción de medidas inmediatas.

El caso se remonta al 12 de febrero, cuando el Ejecutivo decidió someter al INSESO a vigilancia y exigir un informe económico detallado sobre los ingresos y el destino de los fondos gestionados en los últimos tres años, tras detectar indicios de irregularidades.

Estos hechos reavivan el precedente judicial del exdelegado nacional Pedro Claver Mbega Ovono, condenado en 2022 por malversación de fondos públicos y abuso de funciones, en un caso que ya había puesto en entredicho la gestión de la institución.