El Gobierno indemnizará y reubicará a familias asentadas en zonas de riesgo tras los deslizamientos en Malabo.

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un plan urgente de reubicación e indemnización dirigido a las familias que residen en zonas consideradas de alto riesgo en Malabo, tras los recientes deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias. La decisión se produce después de la tragedia registrada en el barrio de Acrópolis, donde un ciudadano perdió a ocho miembros de su familia a consecuencia del derrumbe de un muro, originado por la inestabilidad del terreno.

Este suceso ha encendido las alarmas sobre la creciente vulnerabilidad de varias zonas urbanas de la capital. Los incidentes no se limitaron a Acrópolis. También se han reportado casos similares en barrios como Cruce Hospital y Santa María III, además de daños en infraestructuras clave, entre ellas el muro que separa el Hospital de Malabo de la antigua Presidencia de la República.

Ante este panorama, los ministerios de Ordenación de Tierras, Interior y Obras Públicas, en coordinación con el Ayuntamiento de Malabo, han constituido una comisión técnica encargada de identificar terrenos seguros, urbanizarlos y dotarlos de servicios básicos como agua potable, electricidad, centros de salud y seguridad.

El objetivo es garantizar el traslado progresivo de las familias que actualmente habitan en áreas expuestas a riesgos naturales. En este proceso, la comisión evaluará cada caso de forma individual, revisando la situación legal de las viviendas afectadas. Aquellos ciudadanos que acrediten la titularidad de sus terrenos serán indemnizados conforme a la normativa vigente, además de ser reubicados en zonas adecuadas.

Asimismo, el Ejecutivo ha dispuesto el despliegue de agentes urbanos sobre el terreno, cuya misión será supervisar nuevas construcciones, verificar su conformidad con los planes urbanísticos y paralizar cualquier edificación ilegal o levantada en zonas no autorizadas.

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno también ha recomendado prohibir el uso de materiales precarios como madera y chapa en los cascos urbanos, debido a su alta vulnerabilidad ante incendios, lo que incrementa el riesgo para la población y facilita la rápida propagación del fuego entre viviendas cercanas