El certificado de la comunidad podría quedarse invalidado en la compraventa de terrenos

El Ejecutivo ha alertado sobre la validez legal de los certificados emitidos por presidentes de comunidades en operaciones de compraventa de terrenos, una práctica extendida en distintos puntos del país. La preocupación fue anunciada por Nguema Obiang Mangue, quien reitera que estas figuras carecen de competencia jurídica para autorizar transacciones inmobiliarias.

“Los presidentes de comunidades no tienen competencia legal para la venta de parcelas”, subrayó el vicepresidente, al tiempo que recordó que cualquier operación de compraventa debe ajustarse estrictamente a la legislación vigente que regula la adquisición de propiedades.

La advertencia se produce tras una reunión celebrada este martes en Malabo, en la que participaron el Primer Ministro y responsables de los ministerios de Interior, Obras Públicas, Hacienda, Tesorería, así como del Ayuntamiento central. El encuentro puso de relieve la creciente preocupación del Gobierno ante la proliferación de construcciones irregulares en zonas estratégicas de la capital.

El Gobierno ha instado a los propietarios a presentar los títulos que acrediten la legalidad de sus parcelas. Solo aquellos que puedan demostrar la titularidad conforme a la normativa serán reconocidos como legítimos dueños. En caso contrario, las autoridades advierten de posibles acciones legales.

Nguema Obiang Mangue fue contundente al señalar que cualquier transacción realizada al margen de la ley será considerada “irregular” y podrá derivar en sanciones. Asimismo, hizo un llamado a la población a verificar la legalidad de los terrenos antes de proceder a su compra, con el objetivo de evitar conflictos futuros y garantizar la seguridad jurídica.

Durante años, los certificados comunitarios han sido utilizados como requisito informal en la compra de terrenos, otorgando a los presidentes de comunidades un papel determinante en estas operaciones. Sin embargo, la nueva directriz gubernamental podría poner fin a esta práctica, generando incertidumbre entre quienes confiaron en dichos documentos sin recurrir a los canales legales establecidos.