El Gobierno de G.E alerta sobre una red de reclutamiento fraudulento y pide colaboración internacional para localizar a un joven afectado en Rusia

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha lanzado un llamamiento urgente a la comunidad internacional para localizar y proteger a un ciudadano ecuatoguineano presuntamente reclutado de forma fraudulenta y enviado al conflicto entre Rusia y Ucrania. La alerta fue difundida este jueves a través de un comunicado oficial publicado por el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue en su cuenta de X, tras conocerse nuevos detalles del caso.

Según el documento, titulado “Comunicado sobre la captación fraudulenta de ciudadanos ecuatoguineanos bajo falsas promesas de formación militar en el exterior”, las autoridades aseguran haber recopilado evidencias audiovisuales e informaciones coincidentes que apuntan a la existencia de una red organizada. Dicha estructura estaría encabezada por un individuo de nacionalidad camerunesa conocido como “Fabrice”, quien supuestamente recluta a jóvenes ecuatoguineanos mediante engaños.

El modus operandi consistiría en ofrecer falsas becas para cursar estudios en academias militares de Europa del Este. Sin embargo, una vez captados, los jóvenes serían trasladados fuera del país y posteriormente incorporados, en circunstancias desconocidas, al conflicto ruso-ucraniano, sin relación alguna con la formación prometida.

Ante estos hechos, el Ejecutivo ecuatoguineano ha condenado “con la mayor firmeza” estas prácticas, calificándolas de contrarias a la dignidad humana, la seguridad de las personas y los principios fundamentales del derecho internacional. Asimismo, ha advertido a la población, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos de aceptar ofertas informales o intermediarios sin legitimidad.

El Gobierno ha reiterado que la única vía oficial para acceder a formación militar en el extranjero es a través de acuerdos de cooperación establecidos por el Estado. En este sentido, ha recordado que los ministerios de Defensa Nacional y de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora son los únicos canales habilitados para proporcionar información fiable sobre este tipo de oportunidades.

En paralelo, las autoridades han solicitado la colaboración de organismos internacionales y de los Estados implicados para facilitar la localización de los jóvenes afectados, garantizar su protección y propiciar su retorno a sus países de origen. También han instado a reforzar los mecanismos de cooperación para desarticular esta red, que podría estar operando en varios países africanos.

El caso ha cobrado especial relevancia tras el testimonio de la familia de uno de los afectados, identificado como Daniel Ángel Mesie. Según su padre, el joven fue contactado en diciembre de 2025 a través de un correo electrónico enviado desde Douala, en Camerún, en el que se le ofrecía una supuesta beca para estudiar en una academia militar en Rusia.

Pese a las dudas iniciales y la recomendación familiar de verificar la autenticidad del programa con las autoridades nacionales, el proceso continuó. De acuerdo con la familia, los aspirantes fueron trasladados primero a Camerún para tramitar sus visados, debido a la falta de representación diplomática rusa en Guinea Ecuatorial, antes de viajar finalmente a territorio ruso junto a otros jóvenes africanos.

En un mensaje de voz enviado a sus familiares mediante WhatsApp, Mesie relató que, tras su llegada, fue obligado a firmar documentos cuyo contenido desconocía y sometido posteriormente a un entrenamiento intensivo. Según su testimonio, fue enviado al frente de combate sin su consentimiento.

El padre asegura disponer de indicios que sitúan actualmente a su hijo en la región de Donetsk, en Ucrania, una de las zonas más activas del conflicto armado. La situación ha generado una creciente preocupación social en Guinea Ecuatorial, mientras la familia insiste en la necesidad de una intervención urgente para garantizar la seguridad del joven y lograr su repatriación.

El Gobierno ha reafirmado su compromiso de actuar en coordinación con instancias nacionales e internacionales para proteger a sus ciudadanos, prevenir nuevas captaciones fraudulentas y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.