Condenado a cadena perpetua el expresidente de Corea del Sur por liderar una insurrección

Un tribunal de Seúl condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, tras declararlo culpable de liderar una insurrección al decretar la ley marcial en diciembre de 2024 e intentar tomar el control de la Asamblea Nacional con apoyo militar.

El juez Jee Kui-youn consideró probado que Yoon, de 65 años, movilizó fuerzas militares y policiales para ocupar el Parlamento, dominado por la oposición progresista, en un intento de subvertir el orden constitucional. La Fiscalía había solicitado incluso la pena de muerte, al sostener que el entonces mandatario trató de instaurar un gobierno de facto bajo control castrense.

Los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon anunció por televisión, pasada la medianoche, la imposición de la ley marcial. En su mensaje denunció la supuesta presencia de “fuerzas antiestatales” infiltradas en la oposición y las vinculó con simpatías hacia Corea del Norte. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existía amenaza real que justificara una medida reservada para situaciones de guerra o emergencia nacional.

Tras el anuncio, helicópteros militares sobrevolaron la Asamblea Nacional y soldados armados intentaron asegurar el hemiciclo, mientras diputados y trabajadores se atrincheraban en el edificio. Las imágenes, retransmitidas en directo, generaron una profunda conmoción en la sociedad surcoreana y reavivaron el recuerdo de etapas autoritarias previas a la consolidación democrática de 1987.

El Parlamento logró revocar el decreto y la Justicia lo declaró inconstitucional. Semanas después, Yoon fue destituido y encarcelado. Durante el proceso, el exmandatario defendió que actuó para “restablecer el orden democrático”, argumento que los jueces rechazaron por carecer de base fáctica.

Además de esta sentencia, Yoon ya había sido condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y abuso de poder, tras intentar impedir su arresto en 2025. En total, enfrenta ocho procesos judiciales, incluidos casos de presunta corrupción y otras investigaciones vinculadas a su administración.